El pasado 20 de marzo de 2024, entraron en vigor las medidas de Eficiencia digital diseñadas por el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución...
El pasado 20 de marzo de 2024, entraron en vigor las medidas de Eficiencia digital diseñadas por el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Desde esa fecha, han cambiado considerablemente las formas de relación y comunicación con la Administración (digital) de Justicia, siempre con plenas garantías (de fiabilidad): seguridad jurídica digital, acceso, autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación, portabilidad e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestiona en el ejercicio de sus funciones.
La definitiva inmersión digital de la Justicia es el reto más ambicioso de cuántos se lanzan en esta reforma. De afrontarse con determinación, en sus dos escenarios de acción la digitalización procedimental, de un lado y la inserción de técnicas de IA, de otro muchos de nuestros procedimientos se ventilarán «en tiempo real», haciendo por fin realidad ese tantas veces ilusorio derecho fundamental a un «proceso público sin dilaciones indebidas».
Ahora bien, para hacer realidad esta ambición legislativa, resultará necesaria una importante inversión económica, además de una adecuada formación de cuántos profesionales contribuyen al éxito cotidiano de la pacificación (judicial o extrajudicial) de la sociedad. Y lo mismo sucede con la ciudadanía, que deberá asumir también en el marco de la Justicia un esfuerzo adicional de alfabetización y especial diligencia tecnológica.
Esta obra colectiva, elaborada por grandes expertos, contribuye precisamente a proporcionar (a los académicos, a los profesionales, a los justiciables y a cuántos deseen ilustrase en esta materia) los conocimientos jurídicos y tecnológicos necesarios para lograr la definitiva transformación digital de la Justicia.
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