El derecho penal bajo la dictadura franquista

En este libro se afronta el estudio del Derecho penal del primer franquismo. Desde el inicio de los Consejos de guerra, los procesos de depuración e incautación de bienes hasta las últimas condenas dictadas por los tribunales de excepción. Se analizan las claves ideológicas que lo inspiraron, la legislación y proyectos penales de aquella época, el funcionamiento de los Tribunales especiales y el papel jugado por aquellos profesores universitarios que gestaron y legitimaron la opresión. Un Derecho penal de excepción que se tradujo en una Jurisdicción militar asentada en los Consejos de guerra sumarísimos y sumarísimos de urgencia. En una Jurisdicción especial mixta (compuesta por militares falangistas, carlistas y magistrados católicos) apoyada en Comisiones de depuración (1936); en procesos de incautación de bienes (1937); en la ley de Responsabilidades Políticas (1939); en la ley sobre Represión de la Masonería y el Comunismo (1940); y en la ley de Seguridad del Estado (1941). Un sistema penal autoritario estructurado en torno a una interconexión permanente entre los diversos tribunales y organismos que participaron en la represión de todo el que no apoyó el levantamiento militar: Consejos de guerra, Comisiones liquidadoras de bienes, Comisiones de Depuración, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo. En aquellos primeros años de la dictadura, lejos de adoptarse un sistema penal indulgente con los vencidos, se asumió la necesidad de abordar un procedimiento de eliminación física, moral y económica del rival político. Una técnica basada conjuntamente en la represión corporal, la restricción de la libertad, el expolio económico y la humillación del hostil al denominado Alzamiento Nacional. A tal fin, se concibió una gigantesca tela de araña, una red de intercambio permanente de información entre diversas entidades: el Servicio de Información militar, el Servicio de Información de la Policía Militar, la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Consejos de Guerra, las Comisiones de Depuración, la Inspección de prisioneros de Guerra-Campos de concentración, Alcaldías, Falange, Guardia civil, Iglesia católica.

Guillermo Portilla Contreras es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén. Inició su investigación abordando el estudio de la protección penal de las garantías constitucionales del ciudadano frente a la razón de Estado. Fruto de esa tarea fueron los libros: El delito de práctica ilegal de detención por funcionario público; Materiales de reflexión crítica sobre la ley Corcuera y el Derecho penal de la libertad y seguridad (de los derechos). Más adelante, analizó las teorías sociológicas y filosóficas que más han influido en el Derecho penal contemporáneo, concretamente, la tesis del discurso ético y la teoría de la acción comunicativa de Habermas en el proceso de selección de los valores penales y legitimación del Derecho penal. Asimismo, indagó sobre la verdadera influencia de Luhmann en el neofuncionalismo positivista generador de una nueva versión del derecho penal schmittiano del enemigo. El resultado de estas reflexiones fue el libro Mutaciones de Leviatán. Legitimación de los nuevos modelos penales y la monografía El Derecho Penal entre el universalismo cosmopolita y el relativismo posmodernista. En los últimos años está dedicado al estudio de la represión penal del primer franquismo. Hasta el momento ha publicado dos libros sobre esta materia: el primero fue: La consagración del Derecho penal de autor durante el franquismo. El Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo. El segundo ha sido: Derecho penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso.