Debido proceso penal y empresa

¿Modulación o flexibilización de garantías constitucionales? Para enfrentarlo, el autor propone un modelo integrado de política criminal y un método al que denomina test de modulación y test de flexibilización. En el banco de pruebas, coloca tres garantías constitucionales: la defensa en juicio, la protección contra la autoincriminación y la igualdad de trato procesal en la suspensión del juicio a prueba. Para examinarlas, recuerda cómo se las ha conceptualizado, las regulaciones propias de la ley 27.401 y el CPPF, y cómo se resuelven los distintos conflictos que pueden plantearse. . En el examen de la defensa en juicio, Rodríguez Estévez incluye con acierto el derecho al recurso y la discusión en torno a si las personas jurídicas pueden ser consideradas titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta polémica vinculada más estrictamente con el recurso de casación pierde actualidad en la medida en que la persona jurídica puede ser imputada y aquel mecanismo es reemplazado por la impugnación (ver art. 358, CPPF). . En cuanto a la garantía del nemo tenetur, el trabajo aborda varios aspectos conflictivos: cómo compatibilizar los deberes de colaboración de la empresa con las eximentes de pena (en particular, la denuncia espontánea), las investigaciones internas y los derechos y garantías de las personas naturales, y los acuerdos de colaboración. . Finalmente, estudia la posibilidad de otorgar la suspensión del juicio a prueba a las empresas en el marco de la ley 27.401 con fundamento en el principio de igualdad.