Codificación y reequilibrio de la asimetría negocial

Las normas cuya función consiste en reequilibrar las asimetrías relativas al poder de negociación y al nivel de información o conocimiento sobre el producto o servicio, sujetan al contratante proveedor a un estatuto de deberes que afectan tanto al proceso de contratación información, forma externa e interna, etc., como al control sobre la ejecución entrega, modificación del contrato, «baja» y al acceso a sistemas de reclamación. Hasta fechas recientes, el Derecho privado parece haber distinguido la aplicación de remedios correctivos de las asimetrías negociales teniendo en cuenta las respectivas posiciones jurídicas subjetivas, según el contrato se concluyera entre particulares, entre profesionales o, especial y principalmente, entre un profesional y un consumidor como configuración típica de una relación jurídica de consumo. Sin embargo, últimamente se advierte y se propugna la alteración del statu quo en un doble ámbito: por una parte, una abundante regulación sectorial ha optado por expandir la norma protectora hacia un destinatario el cliente, en general, que no siempre puede ser categorizado como consumidor; por otra, algunas propuestas doctrinales y legislativas paradigmáticamente, los procesos codificadores de la norma civil tienden hacia fórmulas integradoras de los instrumentos reequilibradores que, sin excederse ni incurrir en una sobreprotección no justificada, optimizan la norma especial tuitiva a través de su generalización. La presente publicación toma como premisa de partida esta evolución y, reuniendo a algunas y algunos de los más conspicuos estudiosos españoles y europeos de la asimetría negocial y de los instrumentos de reequilibrio, pretende contribuir al debate doctrinal sobre las propuestas de revisión de la norma reequilibradora en relación a su eventual generalización en la tarea (neo)codificadora, con el objetivo de proteger a la parte débil del negocio sea o no de consumo y, al mismo tiempo, preservar la eficacia contractual sin comprometer la autoresponsabilidad en la contratación privada.